En el marco del paquete de leyes para la reforma del Estado, el Gobierno presentó este miércoles su propuesta para transformar el sistema de transporte público. La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que uno de los ejes centrales de la reforma será romper con el actual esquema de monopolio en la provisión del servicio. “Queremos romper este monopolio que hoy tiene el proveedor de transporte”, señaló Centurión durante la presentación. El nuevo modelo contempla separar dos funciones clave: la provisión de la flota y la operación del servicio. Es decir, el Estado asumirá directamente la compra y renovación de los buses, mientras que los operadores actuales se encargarán exclusivamente de brindar el servicio de transporte. “El Estado va a tener un contrato de provisión de flota y otro de operación y mantenimiento. Estos buses serán bienes afectos al sistema”, afirmó Centurión. Con esta decisión, el Gobierno busca profesionalizar el servicio, reducir los conflictos con los empresarios del rubro y garantizar la continuidad del transporte público. La ministra aseguró que esta separación de funciones permitirá que el Estado tenga mayor control del sistema y que la prestación del servicio ya no dependa exclusivamente de un solo grupo empresarial. La medida forma parte de un plan más amplio para modernizar el Estado y mejorar los servicios públicos. Sin embargo, hay opiniones críticas que advierten que esta reforma podría terminar beneficiando a los mismos empresarios que ya cuentan con subsidios estatales pero que, a pesar de ello, mantienen un servicio deficiente, inseguro y poco confortable para los usuarios. Estas voces alertan que, sin cambios reales en la gestión y fiscalización, la compra estatal de flotas no resolverá los problemas estructurales del transporte público.