Paraguay atraviesa un déficit habitacional que supera el millón y medio de unidades, afectando tanto a familias de bajos ingresos como a sectores de clase media. La falta de acceso a una vivienda digna responde a factores como la informalidad laboral, el desempleo, los bajos salarios y las restricciones al crédito hipotecario, que limitan las posibilidades de financiamiento.
Aunque el Estado mantiene desde hace décadas una presencia en el mercado de vivienda social mediante instituciones específicas, subsidios, créditos especiales y regulación de alquileres, los esfuerzos no han sido suficientes para revertir la tendencia. En los últimos años, también se ha intentado llegar a zonas del interior con programas de provisión de unidades y soluciones habitacionales.
La vivienda, además de ser un bien económico sujeto a la oferta y la demanda, constituye un derecho humano con rango constitucional, esencial para garantizar seguridad y bienestar. En este sentido, la participación estatal resulta clave para prevenir desequilibrios y garantizar la accesibilidad.
La falta de opciones formales y asequibles, sumada a un financiamiento insuficiente, mantiene al país en una situación crítica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. El desafío para las políticas públicas es encontrar un equilibrio que combine inversión, regulación y planificación a largo plazo, asegurando que cada ciudadano pueda acceder a un hogar digno y seguro.