El Gobierno presentó oficialmente el proyecto de ley que busca reformar integralmente el transporte público, comenzando con el área metropolitana de Asunción. La propuesta contempla medidas ambiciosas como la ruptura del monopolio empresarial, la renovación de la flota y el fortalecimiento del Viceministerio de Transporte como ente regulador del sistema.
Según la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, el Estado asumirá la compra de buses, que serán arrendados a las empresas, permitiendo así separar la provisión de flota de la operación del servicio. Sin embargo, pese a las críticas hacia los operadores actuales por su ineficiencia, el proyecto abre la puerta a que estos continúen prestando el servicio bajo nuevas reglas. Incluso, se mantendrán los subsidios, priorizando a quienes adopten las “unidades funcionales” del nuevo modelo.
Uno de los puntos centrales es la declaración del transporte público metropolitano como un servicio imprescindible, lo que implica su continuidad obligatoria y penalizaciones por interrupciones. También se habilita la expansión del área metropolitana a más ciudades y se contempla la incorporación de buses eléctricos y a diésel.
La iniciativa establece cuatro tipos de contratos: provisión de flota, operación por rutas, infraestructura y servicios complementarios. Aunque el discurso apunta a un cambio profundo, algunos críticos sostienen que el modelo seguiría beneficiando a grupos privilegiados que han mantenido un deficiente servicio durante décadas.